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El Salvador: S&P Global Ratings revisa perspectiva de “estable” a “negativa”

La calificación podría ser revisada si el GOES no logra cubrir su brecha de financiamiento.

Reportes. Las agencias están a la expectativa de los retos financieros del país.

Reportes. Las agencias están a la expectativa de los retos financieros del país.

La agencia S&P Global Ratings revisó ayer la perspectiva de la calificación soberana de El Salvador desde "estable" a "negativa", debido a un aumento en las necesidades de financiamiento. La entidad confirmó las calificaciones de largo plazo en "B-".

"El déficit fiscal y la deuda salvadoreñas se mantendrán altos a pesar de una fuerte recuperación económica, lo que sostendrá las grandes necesidades de financiamiento del Gobierno", dijo en un comunicado S&P que fue divulgado por la agencia Reuters.

La calificadora destacó la necesidad de que el gobierno de Nayib Bukele gestione los riesgos que plantea la deuda de corto plazo, constituida por Letras del Tesoro (LETES) y Certificados del Tesoro (CETES), la cual ha sobrepasado los $2,000 millones, y asegurar, además, el financiamiento para el bono de $800 millones que vence en enero del 2023.

"La perspectiva negativa refleja una posibilidad de al menos una en tres de una rebaja en los próximos seis a 18 meses si el Gobierno no logra un progreso adecuado para llenar su sustancial brecha de financiamiento en los próximos años", advirtió S&P, según publicó Reuters.

Esta calificadora, al igual que Fitch Ratings, está a la expectativa de que el país logre un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que le permitiría acceder $1,300 millones , pero lo que también implica implementar un programa de ajuste fiscal.

Tanto las autoridades de El Salvador como las del FMI han asegurado que las pláticas se mantienen. El organismo dijo hace algunas semanas que va a revisar lo concerniente al capítulo IV, revisión anual de la economía y sus principales indicadores.

El proceso podría demorar varios meses. La negociación se dilató tras la destitución de magistrados de la Sala Constitucional y la aprobación de la Ley Bitcóin.

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